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Venezuela dejará de tener financiamiento del BID

Venezuela dio un paso sin precedentes en el contexto regional al iniciar un proceso para abandonar la Organización de los Estados Americanos (OEA), según anunció el miércoles pasado la cancillería criolla. VAD

Renunciar al organismo implica dejar también los entes creados bajo la Carta de la OEA, incluidos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano y la Organización Panamericana de la Salud, que ofrece a sus miembros acceso a medicinas más baratas a través de un fondo común de los países.

La salida de la OEA “sustrae al país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, afirmó la Cátedra de Derecho de la UCAB.

Más grave aún, el abogado y coordinador general del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) Carlos Trapani explicó que al cabo de los dos años que toma el trámite de retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA), Venezuela dejará de tener acceso al financiamiento que el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece para la realización de diversos programas y proyectos de investigación académica.

Al respecto, detalló que existen dos niveles en juego: por un lado, Venezuela tiene compromisos contraídos con algunos países del hemisferio que en su calidad de acuerdos bilaterales no deberían sufrir ningún tipo de problema. Pero las que sí parece que serían afectadas son las personas que tenían adelantados trámites para llevar adelante estudios o programas utilizando para ello el codiciado sistema de becas de la OEA. De todos modos, hay que indicar que el país está en el deber de honrar obligaciones relacionadas con estos programas si los mismos exceden los dos años.

En la Comisión Interamericana existe un programa de pasantías que funciona administrado por la OEA. Allí los jóvenes graduados en Derecho tienen la experiencia de una práctica profesional en el área de los derechos humanos. Toda esta actividad se interrumpiría con la cesación de Venezuela como Estado miembro de ese ente, precisó.

Se impone recordar que en su pronunciamiento del 27 de abril, la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica Andrés Bello advirtió que esa decisión del gobierno “priva a los venezolanos del derecho, previsto en el artículo 31 de la Constitución de la República, de recurrir ante los órganos regionales de protección, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos, conculcados por el Estado”.